El 18 de julio se llevó a cabo una reunión en el Tribunal de Casación Penal Bonaerense donde participaron el actual Presidente del organismo y los Magistradxs que se desempeñan en sus Salas por una parte, y por la otra, los señores Martín Muñoz y Silvio Romero, quienes se encuentran privados de su libertad en distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El encuentro tuvo lugar a partir de las medidas adoptadas por la Suprema Corte Bonaerense en su Resolución 2301 del 22 de noviembre de 2018 donde, entre otras cosas, se estableció la creación un espacio intersectorial para el abordaje integral de las condiciones de detención en cárceles y comisarías de la provincia. En el marco de esta iniciativa, se le encomendó al Tribunal de Casación que llevara a cabo su diseño e implementación.
Luego de recibir en el recinto a diferentes funcionarios gubernamentales, organismos de derechos humanos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, el Tribunal de Casación Penal decidió convocar a la mesa a referentes de las personas privadas de la libertad, quienes padecen cotidianamente la problemática que se genera a consecuencia de la sobrepoblación carcelaria que atraviesa el sistema carcelario.
Allí estuvieron presente junto a lxs Jueces, los señores Martín Muñoz y Silvio Romero quienes, además de realizar una presentación escrita, pudieron exponer abiertamente las dificultades que consideran relevantes superar, para lograr alcanzar una incipiente y adecuada reducción de las nefastas consecuencias que se viven al interior de las cárceles. En palabras de los Magistrados se expresaron muy agradecidos por la posibilidad de contar con la voz y los aportes de quienes, además de padecer el encierro, serán los destinatarios de las medidas que vayan a tomarse en un futuro no muy lejano, para disminuir los efectos negativos generados por la crisis carcelaria actual. Se abordaron varios temas que van desde la educación (formal y no formal), estrategias para reducir los índices de violencia, informes técnicos criminológicos, cupos en unidades carcelarias, ingresos de visitas de familiares, hasta el rol que ocupan los Centros Universitarios al interior de las cárceles. Todo ello, se dio en un clima de respeto y compromiso mutuos que hicieron aflorar la esperanza y entusiasmo por sostener una mirada sensible y cercana con la realidad.
En otro orden, debe reconocerse además que la iniciativa de convocar a las Personas Privadas de la Libertad y oírlas, previamente a resolver cuestiones que de manera directa impactará en sus vidas cotidianas, constituye una clara muestra de que una vez más, el Estado –en este caso a través del Tribunal de Casación Penal- se dispone explorar horizontes que hacen de las instituciones, verdaderos instrumentos de integración en beneficio de una sociedad más comprometida. Recordemos, que ya entre 2016 y 2017 se abrió un espacio de diálogo entre el Estado y las personas privadas de la libertad en el marco de una protesta generalizada que se desperdigaba por toda la provincia de Buenos Aires y que si bien no se logró procesar adecuadamente los reclamos de aquellos días, marcó un hito histórico en el reconocimiento de las personas privadas de la libertad como sujetos de derechos.
En consecuencia, este hecho, a partir de la convocatoria llevada a cabo por el Tribunal de Casación Penal, produce nuevamente la esperanza de alcanzar un estándar institucional de calidad, democrático y participativo, que oriente las medidas a adoptarse para mejorar las condiciones de respeto a la dignidad humana de las personas privadas de la libertad.
