En tiempos de “reperfilamientos”, el poder punitivo recanaliza sus impulsos vindicativos a través del mensaje violento de quienes tienen la responsabilidad de morigerarlo. La proclama a armarse, el reconocimiento a un policía que mata por la espalda y la defensa a otro que lo hace de una patada, son solo algunos ejemplos que reflejan el direccionamiento de un poder orientado hacia un control descarnado del orden establecido. Existe una necesidad de exacerbar el odio hacia los más vulnerables, a quienes un gran sector de la población responsabiliza de ser una carga para el Estado en detrimento de su patrimonio por tener que sostenerlos con “sus impuestos”. La agencia policial encargada de la coerción estatal que representa al poder punitivo, “reperfila” su accionar al captar el mensaje xenófobo y segregacionista del actual régimen de exclusión apañado desde medios de comunicación afines y sectores reaccionarios de la sociedad. Ese universo integrado por el segmento más marginado al que se lo caracteriza de violento, es asociado al mundo de la delincuencia aun en caso de no cometer algún delito. Los que desde el poder estigmatizan a comunidades mapuches u organizaciones sociales encubriendo a las fuerzas de seguridad, ante la evidencia del crimen de un policía que rodeado de otros golpea alevosamente a alguien que deambula por la calle, lo justifican con el pretexto de que éste “podía llegar a matar a otro”. Ni la elocuencia de las imágenes registradas por una cámara impide la formulación de su argumento, instituyendo por válido el desplazamiento del plano óntico a lo que podría suceder. El poder punitivo de un sistema excluyente como el actual, desde el que sus representantes políticos profieren denuestos contra los inmigrantes tildando de “enferma a la sociedad argentina que es buena y humanitaria con ellos”, y a la vez manda a los comedores a los que tienen hambre, seguirá siendo ejercido descontroladamente por las agencias represivas de no ser sustituido por uno equitativo que ampare a los más vulnerables preservando los valores democráticos e institucionales de respeto por los derechos y garantías ciudadanas de todos los habitantes del país.
