El SNEEP (Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la Pena) publica cada año los datos sobre la población reclusa, lo que nos permite conocer a quienes encarcelamos, por qué motivos lo hacemos y cuáles son las condiciones de detención. Esta información nos permite hacer un cotejo respecto de otros años y, de esa forma, conocer de qué modo evolucionamos (o involucionamos) en la materia. Recientemente se terminan de publicar los datos correspondientes a 2017, lo que motiva esta columna, que será meramente descriptiva, dejando las valoraciones para otra oportunidad.
De acuerdo a esta información, al 31 de diciembre de 2017 había 92.161 personas privadas de la libertad en la República Argentina (85.283 en establecimientos penitenciarios y 6.878 en dependencias policiales), lo que representa una tasa de encarcelamiento de 209/100.000, que sin ser de las más altas de la región, muestra un sostenido crecimiento. Tomando los tres últimos años, en 2014 había 69.060 presos, en 2015 eran 72.693 y en 2016 eran 76.261. El incremento de la población penitenciaria de 2016 a 2017 fue del 12%. El país más encarcelador continúa siendo Estados Unidos, con una tasa de 655/100.000, mientras que el menos encarcelador es la India, con 33/100.000. En la región los más encarceladores son Brasil (328) y Uruguay (321), mientras que el menos encarcelador es México (164).
Asimismo, se observa bajo uso de alternativas a la prisión. La provincia de Buenos Aires (que es la provincia con mayor población penitenciaria) es la que tiene mayor cantidad de personas con monitoreo electrónico (1.677), mientras que en el resto del país solamente hay 774 personas con prisión domiciliaria. Por su parte, en el sistema federal hay unas 1.000 personas con distintos tipos de control extracarcelario. Más del 90% de la población penitenciaria jamás gozó de “beneficios” de salidas anticipadas, bajo cualquiera de sus denominaciones.
Para fines de 2017 el 54,4% de las personas privadas de la libertad tenían condena, habiéndose incrementado el porcentaje en un 3% respecto de 2016.
Ratificando lo que ya se conoce, resulta que el 96% de las personas privadas de la libertad son varones, el 69% solamente tienen estudios primarios, el 77% son solteros, el 60% son desocupados o trabajadores de tiempo incompleto y el 60% son menores de 35 años de edad.
El universo de delitos por los que las personas pierden la libertad está constituido principalmente por los delitos contra la propiedad (32.554 casos), seguido por delitos relacionados con estupefacientes (12.279 casos, que representa un incremento del 17% respecto de 2016), delitos contra las personas (11.567 casos) y delitos contra la integridad sexual (9.919 casos).
En casi el 60% de los casos, las penas impuestas oscilan entre los 3 y los 9 años de prisión.
Desmintiendo algunas creencias populares, solamente un tercio de los presos son reincidentes o reiterantes, tendencia que se mantiene inalterable a través de los años.
Por su parte, hay 175 mujeres que viven intramuros con sus hijos, que sin llegar a ser un número significativo en los totales, es la mayor cifra de los últimos 10 años.
Por último, se informa un porcentaje de sobrepoblación del 15% en todo el sistema (más del doble que lo informado en 2015), aunque el propio informe señala que se tratan de números relativos, ya que cada unidad define su propio criterio de medición.
¿Si tuviésemos que hacer un resumen qué es lo que podríamos decir?
- Que la población penitenciaria crece a ritmo sostenido, año a año, como ocurre en casi todos los países de la región y el mundo
- Que los presos son, mayoritariamente, varones, jóvenes y con escasa inserción laboral y educativa.
- Que las personas llegan a prisión, mayoritariamente, por delitos vinculados con la propiedad y con los estupefacientes
- Que en las cárceles existen pocos estímulos para la rehabilitación (trabajo, educación, atención de la salud)
El análisis siempre pendiente es si estas políticas criminales rinden frutos a la sociedad en moneda de mejores niveles de seguridad pública o si meramente se apela a recursos sencillos para responder a problemas complejos, que requerirían otras soluciones.
