La República Argentina, al igual que otros países de la región, reeditan en forma habitual el debate sobre el temperamento a adoptar con las personas menores de edad (menores de 18 años) que se ven involucradas en la comisión de delitos. Estos debates suelen aparecer cada vez que algún menor participa en hechos violentos de notoria gravedad, que en forma alguna pueden justificarse. Las voces se levantan para reclamar el cese de una supuesta benignidad en su trato y el recurso más pedido es el de la baja de la edad de punibilidad, para evitar que los jóvenes eludan la acción de la justicia penal. Todo esto es bien conocido.
Pero lo que no es tan conocido es la participación real de las personas menores de edad en el universo delictivo, basado en datos ciertos y confiables, como son los que anualmente proporciona la Procuración General bonaerense (la jefatura de los fiscales), sobre el desarrollo de la justicia penal juvenil en general y, particularmente, en el Departamento Judicial Necochea (Necochea, Lobería y San Cayetano). Esa es la tarea que me propongo realizar.
El primer dato importante, a tener en cuenta, es la participación real de las personas menores de edad en la comisión de los delitos que ocurren en un período determinado. Para hacer esta comprobación tomaremos lo ocurrido en 2017. El año pasado se iniciaron en la provincia de Buenos Aires 799.655 causas penales por distintos delitos. De ese total, correspondieron a personas menores de edad 2.452 causas, es decir, el 0,003% el total de causas iniciadas. Específicamente, en nuestro Departamento Judicial se iniciaron un total de 6.970 causas penales, de las cuales 35 correspondieron a personas menores de edad, es decir, el 0,005% sobre el total. Guarismos virtualmente insignificantes, que no parecen corresponderse con ciertas preocupaciones oficiales, con tendencia a la magnificación del fenómeno.
Por supuesto, la participación de nuestro Departamento Judicial en el total de causas penales juveniles iniciadas en 2017 es casi insignificante, orillando poco más del 1%.
También es interesante apreciar la evolución de la cantidad de causas que involucran a personas menores de edad que se iniciaron en el territorio bonaerense desde 2014 a 2017, inclusive: en 2014 fueron 4.238 causas, en 2015 fueron 3.707 causas, en 2016 fueron 3131 causas y en 2017, como dijimos, 2.452 causas. Es decir, una notoria tendencia a la baja de la participación de las personas menores de edad en el mundo delictivo.
Siguiendo las tendencias de las personas mayores de edad, el 94% de los jóvenes involucrados en hechos delictivos eran varones, mientras que el 6% restante eran mujeres. Por su parte, el 33,2% eran jóvenes que se ubicaban en el rango de los 16 años de edad, el 43,2% en el rango de los 17 y el resto no pudieron ser identificados por no haberse informado debidamente la edad.
De modo muy acentuado, resulta que el 67,2% de los delitos cometidos por personas menores de edad lo fueron contra la propiedad, un 9,9% contra las personas, un 9,1% contra la administración pública y un 7,1% contra la seguridad pública (el resto se reparte entre otros delitos, debiendo destacarse que un 1,6% del total correspondió a delitos contra la integridad sexual). En nuestro Departamento Judicial el 75% de las causas correspondió a delitos contra la propiedad, el 10,42% a delitos contra la administración pública, el 6,25 por delitos relacionados con narcomenudeo y no se registraron causas contra la integridad sexual.
Finalmente, es llamativo el desmentido estadístico a la supuesta benignidad de la justicia penal juvenil respecto de las personas menores de edad que cometen delitos. De las 2.452 causas penales con jóvenes que se iniciaron en 2017, fueron detenidos 1.424 individuos, es decir, el 58%, cifra que supera con creces al sistema de mayores, ya que sobre 798.485 causas de 2017, se detuvieron a 46.904 individuos, esto es el 0,058%. De esos 1.424 jóvenes privados de la libertad en 2017, 1.132 (el 79,49%) lo estuvo en regímenes rigurosos (centros de niñez o dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense, 240 en prisión domiciliaria, 44 morigerados (con control por monitoreo electrónico) y 8 en semilibertad o con medidas de seguridad.
En resumidas cuentas, los números, los datos fríos e incuestionables, parecen poner en tela de juicio ciertas alarmas que habitualmente se disparan y alimentan el debate público. Exhibir estas cifras no implica minimizar la realidad ni predicar que nos encontramos en el Jardín del Edén. Por supuesto, siempre tenemos que aspirar a estar mejor, a mejorar nuestra calidad de vida. Pero de la única manera que lo podremos lograr es discerniendo sobre bases reales y concretas, y no en función de discursos carentes de realidad.
